La cohesión e integración se alcanza en un paÃs con justicia social
La Resolución 598/2019 crea el Servicio cívico voluntario en valores, "como ámbito de cohesión e integración social, dirigido a jóvenes de DIECISÉIS (16) a VEINTE (20) años de edad que se inscriban voluntariamente" y tras esta declaración contradictoria con los tres años y medio de gobierno, continúa: “tendrá por objeto brindar capacitación en valores democráticos y republicanos, fomento del compromiso personal y para con la comunidad, hábitos responsables, estímulo a la finalización del ciclo educativo obligatorio y la promoción del desarrollo de habilidades para el trabajo, culturales, de oficios y deportes” y como remate, la frutilla del postre, el “SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN VALORES será implementado por GENDARMERÍA NACIONAL”.
Desde el Peronismo 26 de julio no podemos menos repudiar esta canallada disfrazada de buenas intenciones.
La coalición gobernante ha despreciado la educación negando los reclamos de los docentes, dejando fuera a miles de niños de las escuelas primarias, ha negado la importancia de las nuevas universidades y ha descuidado la infraestructura de los establecimientos educacionales (lo que se ha cobrado dos vidas en el Municipio de Moreno) y la higiene en muchos de ellos (en Almagro, Flores y Caballito -CABA- se perdieron días de clase por la invasión de ratas). Los mismos responsables de estos hechos nos dicen que pretenden el “estímulo a la finalización del ciclo educativo obligatorio”.
Nos hablan de “cohesión e integración social” los que destruyeron el trabajo y el salario; los que acompañan a los que quieren “que sea más fácil despedir y contratar gente", como dijo el empresario del café, pero también un funcionario lo dijo de otro modo: "Contratar y despedir debería ser natural como comer y descomer", con el agravante de que en la Argentina se “descome” más de lo que se “come” (con salarios presionados a la baja por la desocupación en crecimiento); los que han alcanzado el dudoso logro de una inflación del 55,8% en un año (y eso que el dólar baja).
No es menos indignante su supuesta preocupación por que “el resguardo de la vida y la libertad de quienes podrían encontrarse en situación de vulnerabilidad social sea prioritario”, cuando el Ministerio de Seguridad, que estimula el gatillo fácil, es responsable por el asesinato Rafael Nauhel, un joven laburante de un barrio del sur del país, cuando perseguían una fantasmática célula terrorista. También de la muerte de Santiago Maldonado, ahogado tras ser perseguido por la Gendarmería; así como los baleados en el Barrio Las Tunas, en el Gran Buenos Aires o los pibxs asesinados en San Miguel del Monte ¿Dé qué protección a lxs jóvenes puede hablar este gobierno?
Por esto, repudiamos la Resolución 598/2019 y nos sumamos a la exigencia de que se derogue, al tiempo que seguimos luchando para que esta triste experiencia para el pueblo empiece a retirarse el 27 de octubre y podamos pronto construir una sociedad justa.
